La deforestación es uno de los grandes problemas medioambientales globales. Según la organización ecologista WWF, si no se toman medidas, desde hoy hasta 2050 se perderán 2,3 millones de kilómetros cuadrados de bosque, una superficie superior a la de México. Pero cada vez hay más iniciativas que abogan por un uso sostenible de los bosques, capaz de reducir e incluso revertir esta tendencia. Y cada vez más consumidores tienen en cuenta estas iniciativas a la hora de comprar muebles y suelos de madera.

Un bosque vivo es un recurso natural de valor incalculable. Su principal importancia medioambiental es su capacidad de retener dióxido de carbono —el principal gas de efecto invernadero— y expulsar oxígeno. Según la NASA, un 45% del carbono de la superficie terrestre está contenido en los bosques del mundo. Además, los bosques contribuyen a evitar la desertización —un problema en ascenso, especialmente en España— y son puntos calientes de biodiversidad.

Pero para mantener un bosque vivo, en la mayor parte del mundo, hace falta la ayuda de los que viven en y de él. “Si el bosque no le sirve a sus propietarios para poder vivir, acabarán deforestándolo para otros usos”, advierte Gustavo Anguita, director ejecutivo del Consejo de Gestión Forestal (FSC, en sus siglas en inglés), una de las dos grandes organizaciones de certificación forestal. La crisis, afirma, ha hecho caer la importación de maderas tropicales en Europa, por lo que entre las comunidades madereras aumenta la tentación de talar el bosque y dedicarlo a cultivos. “Hay que consumir madera”, apunta, “pero hay que hacerlo de forma responsable”.

“En principio cualquier mueble de madera es de origen sostenible por sí mismo, pues de lo contrario no podría estar en el mercado europeo”, apunta Manuel Carrillo, director del Instituto Técnico del Mueble y la Madera (Aidima). En 2013, entró en vigor el Reglamento Europeo de la Madera, que prohíbe la venta de madera “aprovechada ilegalmente” y obliga a los fabricantes y vendedores a ser “debidamente diligentes” para asegurarse de que lo que compran no procede de explotaciones ilegales. Pero alerta: “aún falta legislación que sancione a los que incumplan la ley”.

Que no sea ilegal no significa que sea ecológica. Pero el consumidor no está desamparado. “Existen mecanismos de certificación que acreditan ese origen sostenible de la madera”, señala Carrillo. “Es decir, que la madera procede de bosques en los que los árboles se talan, plantan y cuidan adecuadamente para optimizar el impacto ambiental”.

El problema para el consumidor es que tiene varias etiquetas donde elegir. Las dos principales entidades certificadoras, el FSC y el Programa para el Aval de Certificaciones Forestales (PEFC, en sus siglas en inglés), compiten entre sí. “El FSC tiene el respaldo de las asociaciones ambientalistas”, apunta Alberto Romero, secretario general de la Asociación Española de la Industria y Comercio de la Madera (AEIM), “mientras que el PEFC fue desarrollado por la propia industria maderera. Desde el principio FSC se ha querido erigir como el único sistema fiable, pero yo observo un poco más de diálogo entre ambas asociaciones”. La competición también tiene un componente económico: certificar un bosque en FSC, por ejemplo, cuesta anualmente, de media, entre 15 y 45 euros por hectárea.

Ambas organizaciones controlan tanto que el bosque de donde se saca la madera esté controlado —de forma que la producción de madera se haga conforme a principios que respeten el ecosistema, el suelo, el agua y el papel de los bosques en el cambio climático— como que el proceso de conversión en un producto acabado (como muebles o suelos) solo utilice maderas certificadas —la llamada cadena de custodia. Los criterios de FSC son más exigentes que los de PEFC, pero la primera organización tiene una etiqueta intermedia, la llamada madera controlada, que permite usar productos de fuentes “aceptables”.

Según Alberto Romero, el sector del mueble español, “como el del resto del sur de Europa”, todavía va muy “a remolque” comparado con el norte del continente, más concienciado ecológicamente. “De hecho, muchas empresas españolas han decidido certificar su producción para poder exportar”.

La trazabilidad de la madera, es decir, saber la procedencia de cada pieza de cada mueble, sigue siendo lo más complicado de controlar. Especialmente con las maderas tropicales, como la teca, que no se producen en la UE y, se utilizan, sobre todo, para mobiliario de exterior. “El principal foco de riesgo son los muebles de jardín”, apunta Romero. “El problema es que en la etiqueta viene el lugar de la fabricación, no el del origen de la madera. Una mesa de madera noble puede estar etiquetada como fabricada en Vietnam, por ejemplo, pero no sabes de dónde se han talado los árboles. Ahí aún queda mucho por recorrer”.

Ya existen bosques tropicales certificados, pero eso, afirma Romero, se nota en el coste. “Entre un 20 y un 25% más que el precio normal”, calcula. Para las maderas normales, la diferencia es muchísimo menor. “Los costes de certificación y de implantación de la cadena de custodia no suponen un plus gravoso para el distribuidor”, señala Carrillo. “No tiene por qué ser más caro”. Pero el consumidor se lleva algo más que un mueble. En palabras de Gonzalo Anguita, “hay que valorar el servicio al ecosistema de ese bosque. El 20% de la huella de carbono viene de la deforestación. Los bosques tienen una importancia decisiva en el ciclo del agua y para mantener la biodiversidad. Es un valor que, en definitiva, se pierde si los destruimos”.