Sobre la prevención contra el COVID 19 en la construcción
Como es sabido por todos, la declaración de estado de alarma por parte del Gobierno el pasado 14 de marzo, para hacer frente a la pandemia ocasionada por el COVID-19, aunque supuso la suspensión de gran cantidad de actividades laborales, no incluyó en el mismo la paralización de las obras de construcción.
Partiendo de este hecho, como decana del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears y siendo coherente con la realidad de nuestro sector, no puedo mirar hacia otro lado viendo que la gran mayoría de las obras en nuestras islas, en plena crisis sanitaria provocada por el COVID-19, continúan con su actividad.
Todos sabemos que en una obra de construcción son pocas las tareas que se pueden realizar de forma individualizada. No podemos, pues, taparnos los ojos, ni dejar de escuchar el testimonio de muchos técnicos y también el de los trabajadores de la obra, que acuden preocupados y no pocos con miedo a la tarea diaria ante la pandemia del coronavirus. Creo que no es exagerado afirmar que trabajar en una obra, supone a día de hoy, someterse a un riesgo de contagio, ya que se trata de una actividad en la que es difícil, si no imposible, cumplir con las medidas preventivas establecidas en la orden conjunta de la consejera de Salud y Consumo y de los consejeros de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y de Movilidad y Vivienda de 25 de marzo de 2020 para evitar la propagación del COVID-19 o el contagio.
Ante esta situación, hasta el día de hoy nuestro colectivo de arquitectos se ha visto obligado a reasumir responsabilidades y a poner en marcha actuaciones de contención, al ser la construcción en esta crisis sanitaria, un servicio no esencial. Una situación que ha puesto en la cuerda floja a muchos profesionales de las islas, que siendo partidarios por encima de cualquier otra consideración de garantizar la seguridad de los trabajadores, al no haberse paralizado la actividad pueden llegar a incurrir en responsabilidades penales y civiles al ser nuestra tarea la coordinación de la obra y su seguridad.
La lucha de la prevención contra el COVID-19 es responsabilidad de todos. Y ante la situación actual y aun sabiendo lo difícil que es tomar según que decisiones, creemos que hay que anteponer la salud y vida de las personas a la economía.
Por ello, el COAIB cree que el sector de la construcción debería parar su actividad, a excepción de aquellas obras en las que se garantice el cumplimiento estricto del protocolo o aquellas que sean de necesidad urgente o perentoria por razones de emergencia o por seguridad de las personas. Y aún así, las medidas de seguridad deben extremarse, incrementándose también las inspecciones, laborales y sanitarias.
Primero, protejamos la salud y la vida de los trabajadores, y a la vez busquemos entre todos soluciones para proteger los puestos de trabajo y la viabilidad de las empresas del sector.
Quiero repetir que somos conscientes que son decisiones difíciles. Y también que no podemos consentir que la crisis generada por el coronavirus se pueda utilizar para reducir plantillas de manera injustificada.
Por todo ello, pediríamos también que las empresas del sector pudieran acogerse a las ayudas económicas y condiciones especiales que regulan los ERTE consecuencia del COVID-19. Y además solicitaríamos que los plazos de los contratos mercantiles se adaptaran a las circunstancias y si una obra se paralizara por causas de fuerza mayor e incumpliera el mismo se puedan articular toda una serie de mecanismos para flexibilizar las condiciones pactadas.
Somos conscientes del estado de emergencia en el que vivimos y de la necesidad de encontrar un equilibrio entre las restricciones aplicadas y la posibilidad de garantizar el futuro de la actividad económica. Pero por esta misma razón apelo a la responsabilidad colectiva: si queremos paralizar el aumento de víctimas por el COVID-19, protejamos a los trabajadores del sector de la construcción ahora, paralizando las obras que no son imprescindibles para el bien general, atendiendo nuestro sector incluyéndolo entre los beneficiarios de ayudas económicas para que sea viable reanudar la actividad lo antes posible cuando esta situación se haya superado.